Rebeca Marin
La ICC global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su Capitulo mexicano solicitan respetuosamente al Congreso de la Unión, actuar con cautela ante la propuesta de reforma al Poder Judicial, porque en los términos en que está redactada, podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano.
México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras.
La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.
La ICC y la ICC México exhortan al Congreso de la Unión a considerar, de igual forma, las recomendaciones emitidas por la Visitadora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en abril de 2024, así como a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, de condenas económicas contra México.
México vive un momento clave con el fenómeno del "nearshoring", que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, coyuntura que podría verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas.
La Organización Mundial de las Empresas hace un llamado al Congreso de la Unión a actuar con cautela y responsabilidad en la revisión de la reforma al Poder Judicial, asegurando que cualquier cambio fortalezca, y no debilite, la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho en México.
En los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros. Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos.
En las últimas tres décadas, el Poder Judicial Federal ha sido un contrapeso importante en contra de decisiones de otros poderes que afectan a la inversión nacional y extranjera y que pudieran considerarse arbitrarias y violatorias del derecho nacional e internacional.
De hecho, en años recientes y a través de sus resoluciones, el Poder Judicial Federal evitó el inicio de muy numerosos arbitrajes inversionista – estado que pudieron probablemente haber repercutido en multimillonarias condenas contra México.
Para la International Chamber of Commerce (ICC) y su Capítulo en México (ICC México), las reformas deben generar certidumbre jurídica que permita la atracción y crecimiento de inversiones que repercutan en el bienestar del pueblo mexicano.
México, como Estado soberano, ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras.
La incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.
La ICC y la ICC México exhortan al Congreso de la Unión a considerar, de igual forma, las recomendaciones emitidas por la Visitadora Especial de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en abril de 2024, así como a observar las experiencias internacionales en materia de protección a la inversión extranjera, con el fin de que las reformas al Poder Judicial no generen incentivos que incrementen los riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, de condenas económicas contra México.
México vive un momento clave con el fenómeno del "nearshoring", que presenta una oportunidad histórica para atraer inversiones globales, coyuntura que podría verse comprometida si no se garantiza la estabilidad y certidumbre jurídica necesarias para los inversionistas.
La Organización Mundial de las Empresas hace un llamado al Congreso de la Unión a actuar con cautela y responsabilidad en la revisión de la reforma al Poder Judicial, asegurando que cualquier cambio fortalezca, y no debilite, la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho en México.
En los términos en que está redactada la propuesta de reforma al Poder Judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros genera incentivos negativos que podrían repercutir en la politización de su función o en la injerencia de terceros. Asimismo, las muy amplias facultades del Tribunal de Disciplina generan incertidumbre jurídica y el riesgo de que, por temor u otras razones, las personas juzgadoras puedan no actuar conforme a su propio y libre criterio al resolver los casos.
En las últimas tres décadas, el Poder Judicial Federal ha sido un contrapeso importante en contra de decisiones de otros poderes que afectan a la inversión nacional y extranjera y que pudieran considerarse arbitrarias y violatorias del derecho nacional e internacional.
De hecho, en años recientes y a través de sus resoluciones, el Poder Judicial Federal evitó el inicio de muy numerosos arbitrajes inversionista – estado que pudieron probablemente haber repercutido en multimillonarias condenas contra México.
Para la International Chamber of Commerce (ICC) y su Capítulo en México (ICC México), las reformas deben generar certidumbre jurídica que permita la atracción y crecimiento de inversiones que repercutan en el bienestar del pueblo mexicano.
