Martín Aguilar
La Ciudad de México es una capital pluricultural y plurilingüe. En ella convergen pueblos originarios y personas indígenas provenientes de distintas regiones del país, quienes contribuyen de manera fundamental a la vida económica, cultural y comunitaria de la ciudad.
Sin embargo, esta diversidad convive con desigualdades históricas y prácticas racistas que continúan limitando el acceso efectivo a derechos y oportunidades.
En particular, la falta de información accesible en lenguas indígenas, la ausencia de intérpretes, los procedimientos burocráticos, el trato discriminatorio y la falta de capacitación del personal público pueden convertirse en obstáculos para ejercer derechos.
La igualdad exige que las instituciones adapten sus servicios a la diversidad de las personas y no que sean ellas quienes tengan que superar barreras institucionales para recibir atención.
El racismo hacia los pueblos y comunidades indígenas no siempre se presenta de manera explícita. También se reproduce mediante estereotipos, prejuicios y prácticas institucionales que desvalorizan las lenguas indígenas, las formas de vestir, las identidades, los conocimientos tradicionales y las formas propias de organización. Estas expresiones pueden generar exclusión en espacios educativos, laborales, comerciales, de atención pública y en otros ámbitos de la vida cotidiana.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reconoce la presencia, diversidad, identidad y aportaciones históricas de los pueblos y comunidades indígenas que habitan y transitan en la capital y hace un llamado a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, sin racismo, discriminación ni exclusión.
Una Ciudad de México igualitaria no puede permitir que el origen étnico, la lengua, la vestimenta o la identidad cultural sean razones para recibir un trato desigual, indicó.
El organismo capitalino subrayó que uno de los desafíos más importantes es garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Las barreras lingüísticas, la ausencia o insuficiencia de servicios de interpretación y traducción, el desconocimiento de las instituciones sobre la diversidad cultural y las prácticas comunitarias, así como los prejuicios que pueden existir dentro de los propios sistemas de justicia, pueden colocar a las personas indígenas en condiciones de desventaja para denunciar violaciones a sus derechos, acceder a mecanismos de protección o hacer frente a actos de discriminación.
El acceso a los servicios públicos también debe abordarse desde una perspectiva intercultural.
La atención en materia de salud, educación, vivienda, seguridad, asistencia social y trámites gubernamentales debe considerar las condiciones culturales y lingüísticas de las personas usuarias.
No basta con que un servicio exista formalmente si las condiciones para acceder a él generan barreras que afectan de manera desproporcionada a determinados grupos.
A estos desafíos se suma la situación de personas indígenas que llegan a la Ciudad de México provenientes de otras entidades federativas.
Los procesos de movilidad, desplazamiento y migración interna pueden estar relacionados con la búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo, educación, salud o seguridad, pero también pueden incrementar las condiciones de vulnerabilidad frente a la explotación laboral, la precariedad habitacional, la exclusión social y la discriminación.
En el espacio urbano, algunas personas indígenas enfrentan además procesos de invisibilización y estigmatización asociados con actividades económicas, formas de ocupación del espacio público, venta en vía pública o expresiones culturales.
Estas situaciones deben atenderse desde un enfoque de derechos humanos y no mediante prácticas que criminalicen, estigmaticen o discriminen a las personas por su origen étnico o condición social.
Para el COPRED, combatir el racismo contra los pueblos y comunidades indígenas requiere transformar las condiciones que reproducen la desigualdad, tanto en las relaciones sociales como dentro de las instituciones.
Esto implica fortalecer las políticas públicas con enfoque intercultural, garantizar mecanismos efectivos de denuncia y atención, capacitar al personal de las instituciones, ampliar los servicios de interpretación y traducción y asegurar información accesible y pertinente.
Asimismo, convoca a la sociedad a cuestionar los prejuicios y estereotipos que históricamente han contribuido a la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, y a reconocer la diversidad cultural y lingüística como un componente esencial de la vida democrática de nuestra ciudad.
