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Designan a Lyzeth Salcedo Salinas como magistrada del Poder Judicial de Sonora

Martín Aguilar

 

La amplia mayoría de diputados de la 4T aprobaron designar como nueva Magistrada a la Ciudadana Lyzeth Salcedo Salinas como magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una propuesta hecha por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que legisladores de oposición denunciaron que se trataba de una militante del partido Morena.

 

El punto de acuerdo se incluyó en la sesión ordinaria de este jueves 19 de noviembre, cuando no se había incluido en la orden del día publicado en la gaceta parlamentaria publicada desde hace dos días, a petición de la mesa directiva encabezada por la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, del PT.

 

Fue el diputado Juan Pablo Areinivar Martínez, de Acción Nacional, quien señaló, durante la sesión, que le llegó información de que Salcedo Salinas tiene militancia activa en el partido Morena, por lo cual es información que se debe verificar y es grave votar por una propuesta que llegó a las 9:00 de la mañana y no se verificó si tenía afiliación política.

 

“Por medio del presente se hace constar que Lyzeth Salcedo Salinas se encuentra como registro y con estatus valido en el padrón de personas afiliadas al partido político nacional denominado Morena, en Sonora, con fecha de afiliación del 18 del 03 del 2026. A la fecha de la consulta la información aquí asentada obra en sistema de verificación del padrón de personas afiliadas a los partidos políticos que administra el Instituto Nacional Electoral”.

 

Se solicitó que se atendiera un receso para verificar la afiliación partidista de la propuesta de magistrada tanto por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional como de Movimiento Ciudadano, sin embargo, la presidenta del Congreso Jazmín Guadalupe Gómez negó el procesó y aseguró que tener afiliación partidista no es impedimento para ser nombrado Magistrado del Poder Judicial.

 

“Me comenta la parte jurídica que asiste a este congreso y a esta mesa directiva, que efectivamente el requisito de afiliación a un partido político no es un requisito de elegibilidad, adicional, me comentan que existe una renuncia por parte de la persona en mención anterior a esta discusión”.

 

Finalmente, los diputados de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Encuentro Solidario e independiente Alejandra López Noriega votaron por la propuesta

 

Lyzeth Salcedo Salinas entró en sustitución de Adrián Córdova Pimentel, quien renunció a su cargo, sin hacer concluido su periodo nombrado, alegando temas personales y de salud. Ella fungía como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, del Gobierno del Estado, desde el 02 de junio del 2022.

 

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Alcaldías tendrían que publicar el plan anual de alumbrado

Martín Aguilar

 

Cada alcaldía de la Ciudad de México tendría que elaborar un Programa Anual de Alumbrado Público Preventivo, con metas por colonia, presupuesto y responsables, de acuerdo con una iniciativa presentada por el diputado Andrés Atayde Rubiolo, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino.

 

La propuesta plantea reformar las leyes del Sistema de Seguridad Ciudadana y Orgánica de Alcaldías para dar a las personas titulares de las demarcaciones atribuciones para preparar esos planes, reportar sus avances y permitir que la ciudadanía consulte el uso de los recursos.

 

Atayde Rubiolo señaló que una luminaria por sí sola no resuelve la inseguridad, aunque afirmó que una calle con más iluminación reduce la probabilidad de que ocurra un delito.

 

“Más iluminación en una calle sí incide en que sea menos probable que ahí se cometa un delito”, sostuvo el legislador durante su exposición en tribuna.

 

El programa incluiría un diagnóstico del alumbrado existente, su funcionamiento y las necesidades de cada demarcación, además de un calendario de ejecución y mantenimiento para las acciones previstas.

 

Las prioridades de atención considerarían el rezago del servicio y las condiciones de los trayectos peatonales, el transporte público y los entornos escolares y hospitalarios, según el proyecto.

 

La iniciativa propone que las alcaldías publiquen los avances de sus programas, los recursos ejercidos, las fallas que atendieron y los resultados obtenidos, con información que permita a las personas comparar el desempeño de cada demarcación.

 

Además, plantea recorridos y mecanismos de participación para que vecinas y vecinos expongan las condiciones de sus calles y reciban una respuesta pública de las autoridades.

 

“Se trata de escuchar, pero lo más importante, se trata de resolver”, dijo Atayde Rubiolo al explicar que las observaciones ciudadanas deberían tener seguimiento.

 

El proyecto también incorporaría datos sobre incidencia delictiva, factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad que entreguen las autoridades competentes en seguridad ciudadana.

 

Atayde reconoció el gasto de inversión que la Ciudad de México ha destinado a acciones de iluminación y argumentó que su iniciativa busca dar continuidad a esas obras y conservar su funcionamiento más allá de una administración.

 

La Mesa Directiva turnó la propuesta a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen.

 

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Piden fortalecer seguridad de caminos escolares en comunidades rurales de la CDMX

Martín Aguilar

 

Las condiciones de los caminos que recorren niñas y niños de comunidades rurales de la Ciudad de México para llegar a sus escuelas representan un riesgo para su seguridad, debido a la falta de banquetas, cruces peatonales y señalización, por lo que el diputado local de Morena, Alberto Vanegas, propuso incorporar medidas específicas de protección en la Ley de Movilidad capitalina.

 

La iniciativa plantea adicionar el artículo 237 Bis para que las autoridades consideren las particularidades de los trayectos escolares en comunidades rurales, pueblos originarios y zonas con dificultades de accesibilidad territorial.

 

Al presentar la propuesta, el legislador señaló que, a diferencia de las zonas urbanas, en algunas localidades los estudiantes deben caminar por caminos de terracería, senderos o vialidades sin infraestructura peatonal, incluso a un costado de los vehículos.

 

Advirtió que esta situación se presenta en comunidades de Tlalpan, como San Miguel Topilejo, Parres El Guarda y Santo Tomás Ajusco, así como en localidades de Xochimilco como Dolores Tlali, Tlaxopan y Xochitenco.

 

La propuesta busca que las autoridades identifiquen los caminos escolares con mayores riesgos y consideren acciones preventivas como mejorar la señalización y visibilidad, controlar las velocidades vehiculares y atender las condiciones de tránsito durante los horarios de entrada y salida de los planteles.

 

También contempla la participación de madres y padres de familia, docentes y habitantes de las comunidades para detectar los puntos de mayor peligro y establecer cuáles requieren atención prioritaria.

 

Vanegas sostuvo que las medidas de seguridad vial no pueden limitarse a las avenidas de las zonas urbanas, pues deben responder a las condiciones territoriales de cada localidad.

 

Y precisó que la iniciativa no contempla la creación de nuevas dependencias ni programas que impliquen recursos adicionales, sino aprovechar los instrumentos de seguridad vial existentes para incorporar una perspectiva específica sobre las necesidades de las comunidades rurales.

 

“Eso no significa que debamos acostumbrarnos a que nuestras niñas y niños tengan que enfrentar riesgos para poder llegar a estudiar”, expresó el diputado, quien estuvo acompañado por habitantes del Paraje Cantera El Cantil, en Tlalpan.

 

El legislador afirmó que el propósito es evitar que los recorridos hacia los centros educativos representen un riesgo cotidiano para la niñez y garantizar que las condiciones del territorio no se conviertan en un obstáculo para ejercer su derecho a la educación.


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Evaluará FGJ si muerte de motociclista en Balbuena se debe a condiciones de vialidad

Martín Aguilar

 

La Fiscalía capitalina informó que inició una investigación por el fallecimiento del motociclista Roger Ángel, quien perdió la vida tras caer en un bache el 18 de noviembre en avenida Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza.

 

El motociclista llevaba a su hijo de 15 a la escuela, cuando su vehículo cayó en la oquedad y provocó que fuera proyectado hacia un árbol.

 

La carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, explicó la institución, se desarrolla con un peritaje en tránsito terrestre para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad contribuyeron a los hechos.

 

Además, personal de servicios periciales realizó trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehicular, dictámenes que, según la FGJ, ya fueron concluidos.

 

investigación, personal de servicios periciales realizó trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehicular.

 

Estos dictámenes ya fueron concluidos, mientras que el de tránsito terrestre continúa en elaboración para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad contribuyeron a los hechos.

 

Asimismo, la Coordinación General de Atención a Víctimas estableció contacto con la familia del motociclista y le ofreció orientación y servicios de acompañamiento.

 

La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades y garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia.

 

Por otra parte, la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina estableció contacto con los familiares de la víctima, a quienes ofreció orientación y servicios de acompañamiento.

 

La FGJCDMX señaló que continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades y garantizar que los familiares del motociclista tengan acceso a la justicia.

 

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su apoyo y acompañamiento a los familiares de la víctima, de igual manera solicitó investigar a fondo las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

 

“Estaremos atentos y daremos puntual al seguimiento al desarrollo de las investigaciones y a sus resultados con pleno respeto a la autonomía de las instituciones involucradas. La familia merece conocer la verdad”, sostuvo.

 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y a la Contraloría capitalina realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente en el que un motociclista perdió la vida al caer en un socavón.

 

La mandataria capitalina aseguró que su administración dará seguimiento puntual a las indagatorias y a sus resultados, además de acompañar a los familiares de la víctima, quien fue identificada como Roger, de 38 años.

 

“Un accidente así no puede quedar sin investigación exhaustiva y sin respuestas”, afirmó Brugada, al señalar que solicitó a ambas instituciones investigar a fondo las circunstancias del siniestro y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

 

Brugada indicó que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá el acompañamiento a la familia y vigilará que se cumpla con la reparación integral del daño.

 

Previamente, la Secretaría de Gobierno capitalina informó que la Fiscalía ya había iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

 

También señaló que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las víctimas para proporcionarles atención y apoyo conforme avancen las indagatorias.

 

El accidente ocurrió cuando Roger circulaba en motocicleta acompañado de su hijo de 15 años, a quien trasladaba a la Escuela Vocacional Número 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

 

De acuerdo con las imágenes difundidas sobre el percance, el conductor cayó en el hundimiento y ambos ocupantes salieron proyectados aproximadamente 20 metros.

 

El hombre se impactó contra el tronco de un árbol y murió en el lugar debido a las lesiones que sufrió en la cabeza y el cuerpo, mientras que el adolescente presenta múltiples contusiones y fue trasladado a un hospital de la capital, donde permanece internado.

 

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Fustigan senadores ocurrencia de gallinas en casa; “subestiman la inteligencia”

Martín Aguilar

 

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Alejandra Barrales, calificó de “ocurrencia” y “burla” el programa Gallinas en Casa, anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para entregar paquetes de 15 gallinas ponedoras a familias que cuenten con espacio suficiente para criarlas y producir huevo para autoconsumo mientras la capital sufre de infinidad de problemas en materia económica, inseguridad, movilidad, agua, baches.

 

La legisladora cuestionó que, frente a las dificultades económicas que enfrentan los hogares capitalinos, el gobierno de la Ciudad de México plantee este tipo de alternativas, en lugar de impulsar soluciones que atiendan de fondo el encarecimiento de los productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

 

“Es muy lamentable escuchar en voz de la jefa de Gobierno un planteamiento de esta naturaleza, porque se trata de tomarnos en serio la problemática económica de las familias capitalinas”, sostuvo.

 

Barrales consideró que propuestas como la crianza doméstica de gallinas subestiman la inteligencia de los habitantes de la capital y representan una falta de sensibilidad ante las necesidades económicas de la población.

 

“Cuando uno oye este tipo de ocurrencias, porque para mí la verdad es que no merece otro calificativo, nos parece que se está lastimando la inteligencia de la gente, de los capitalinos. La gente no se merece eso”, afirmó.

 

La senadora de Movimiento Ciudadano insistió en que las autoridades deberían concentrarse en buscar alternativas distintas para enfrentar las dificultades económicas de las familias, en lugar de presentar iniciativas que, desde su perspectiva, no responden a la dimensión del problema.

 

“Debiéramos de estar buscando otras alternativas cuando hablamos de soluciones económicas”, expresó.

 

Incluso, Barrales consideró que profundizar en la discusión sobre el programa podría significar entrar en una provocación, y reiteró su rechazo a la propuesta gubernamental, a la que calificó como una burla para los habitantes de la capital.

 

Las críticas de la legisladora se producen luego de que Clara Brugada anunciara el pasado martes el programa Gallinas en Casa, como parte de la estrategia Casa Ecológica, mediante el cual se contempla entregar paquetes de 15 gallinas ponedoras, alimento para el primer mes y asesoría técnica para las personas beneficiarias.

 

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gobierno capitalino, cada ave podría producir aproximadamente un huevo al día durante su etapa de postura, por lo que una familia podría obtener potencialmente hasta 15 huevos diarios, dependiendo de las condiciones de crianza y de las características de las gallinas.

 

El objetivo principal es que los hogares produzcan parte del huevo que consumen y reduzcan sus gastos en la compra de este alimento.

 

En caso de generar excedentes, las familias tendrían la posibilidad de intercambiarlos o comercializarlos a pequeña escala.

 

El programa estará dirigido principalmente a familias de zonas rurales de la Ciudad de México, aunque también podrán participar habitantes de áreas urbanas que dispongan de condiciones adecuadas para la crianza de las aves.

 

Entre los requisitos anunciados se encuentra contar con al menos 10 metros cuadrados para instalar un corral, disponer de un espacio protegido y cercado para evitar ataques de otros animales, así como asumir el compromiso de alimentar a las gallinas, mantener limpio el lugar y seguir las recomendaciones del personal técnico.

 

Sin embargo, para Barrales, este tipo de iniciativas no representa una respuesta adecuada a la problemática económica de las familias capitalinas, por lo que llamó implícitamente a las autoridades a plantear medidas de mayor alcance frente a las dificultades que enfrenta la población.

 

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Grupo de “El Borregas” Fragoso, detrás del bloqueo en la Vía Morelos, en Ecatepec

Martín Aguilar

 

Gente identificada con Misael Fragoso, a El Borregas, detenido por extorsión, secuestro y despojo, realizaron un bloqueo por varias horas en la Vía Morelos, hecho que afectó a miles de familias del municipio de Ecatepec y de otras localidades.

 

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Las personas se apostaron en los carriles de la importante vialidad a la altura de la estación 5 de Febrero del Mexibús, bajo el pretexto de protestar por la clausura del Centro Cívico Santa Clara Coatitla, aunque desde la detención de El Borregas, se han movilizado para buscar su liberación.

 

Misael Fragoso es hermano del ex regidor y dirigente sindical Guillermo Fragoso, actualmente prófugo de la justicia, buscado también por los delitos de secuestro, extorsión, despojo y otros.

 

De acuerdo con reportes, los manifestantes estuvieron exigiendo la presencia de representantes del gobierno del Estado de México para dialogar y externar sus demandas.

 

Entre los supuestos quejosos se encontraba Corina “N”, identificada como parte del grupo de El Borregas, y su papá, Rodolfo Jiménez, todos ellos miembros del USON, una agrupación de actividades ilícitas que ha sudo combatida por las autoridades estatales.

 

Además, en el bloqueo estuvo Hortencia Ortiz Ortiz, a La Diabla, identificada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Mexico como integrante de un grupo de choque.

 

Entre las personas identificadas durante la protesta se encuentra Corina “N” y su padre, Rodolfo Jiménez, señalados como integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), agrupación a la que autoridades estatales atribuyen actividades ilícitas.

 

También fue reportada la presencia de Hortencia Ortiz Ortiz, alias “La Diabla”, identificada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como presunta integrante de un grupo de choque.

 

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IECM investiga posibles irregularidades electorales en Cuauhtémoc y Santa María la Ribera

Martín Aguilar

 

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició dos procedimientos especiales sancionadores por posibles irregularidades relacionadas con promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de principios electorales, en el contexto de los preparativos para el Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027.

 

Uno de los expedientes, identificado como IECM-SCG/PE/056/2026, deriva de publicaciones y eventos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc, en los que se denunciaron posibles actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como una presunta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

 

Tras revisar los elementos presentados, la Comisión encontró indicios preliminares de posibles infracciones a la normativa electoral y determinó iniciar la investigación. Como parte de las medidas aprobadas, ordenó retirar dos publicaciones alojadas en un perfil de la red social X y dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

El organismo precisó que la medida cautelar se dictó bajo una valoración preliminar, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que deberá resolver la autoridad jurisdiccional correspondiente.

 

El segundo procedimiento, registrado con el número IECM-SCG/PE/057/2026, se relaciona con una actividad realizada en la colonia Santa María la Ribera, donde se entregaron útiles escolares, luminarias, sillas de ruedas y bastones.

 

La denuncia señala un posible uso indebido de recursos públicos y una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Los hechos fueron difundidos mediante un video publicado en un perfil de Facebook.

 

En este caso, la Comisión consideró que existen elementos suficientes para investigar las posibles irregularidades, aunque desechó la parte de la queja relacionada con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, al no encontrar elementos para iniciar un procedimiento por esas conductas.

 

También determinó dar vista a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debido a la aparición de personas menores de edad en la publicidad denunciada.

 

Por otra parte, la Comisión Permanente de Quejas desechó cinco denuncias correspondientes a los expedientes IECM-QNA/179/2026, IECM-QNA/182/2026, IECM-QNA/191/2026, IECM-QNA/197/2026 e IECM-QNA/209/2026.

 

En estos casos se habían señalado posibles actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, el organismo determinó que las denuncias no contenían elementos indiciarios mínimos suficientes para justificar el inicio de procedimientos sancionadores.

 

Del mismo modo, declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas en esos cinco expedientes.

 

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Tribunal de Disciplina Judicial realiza más de 600 inspecciones para evaluar a personas juzgadoras

Martín Aguilar

 

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) puso en marcha un nuevo modelo de evaluación que, entre enero y agosto de 2026, realizó 628 visitas de inspección y reunió más de cinco mil encuestas de satisfacción.

 

De acuerdo con el informe del primer año del Tribunal, al 31 de agosto de 2026, el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial (OEDJ) emitió 851 resoluciones de evaluación ordinaria y recabó 5,092 encuestas para conocer la percepción sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

 

El mecanismo comenzó a operar el 9 de febrero de 2026 y las primeras resoluciones se emitieron en abril. Una de sus particularidades es que contempla dos perspectivas por cada persona evaluada: la de quienes trabajan en los órganos jurisdiccionales y la de las personas usuarias del sistema de impartición de justicia.

 

De las encuestas reunidas, 3,778 se obtuvieron durante visitas a los órganos judiciales y 1,314 mediante reportes de funcionamiento. Con ello, el modelo busca incorporar información sobre la experiencia cotidiana de quienes participan en los procesos judiciales y no limitar la evaluación a indicadores administrativos.

 

Como parte de sus actividades, el OEDJ analizó 945 informes circunstanciados presentados por las personas titulares de los órganos jurisdiccionales federales, realizó 628 visitas ordinarias de inspección y recibió 484 reportes de funcionamiento entre enero y agosto de este año.

 

Estas actividades permiten identificar posibles incidencias en la impartición de justicia, como retrasos en la elaboración de sentencias o en el cumplimiento de resoluciones judiciales. A partir de los diagnósticos, la Comisión de Evaluación aprobó medidas de seguimiento y requerimientos dirigidos a los órganos donde se detectaron estas situaciones.

 

El trabajo también contempla orientación al personal judicial. Entre enero y agosto, el organismo atendió mil 305 llamadas, 15 consultas por correo electrónico y 74 solicitudes por escrito relacionadas con los informes, las visitas y los procedimientos de evaluación.

 

Las reglas de operación fueron aprobadas por la Comisión de Evaluación, integrada por las magistraturas de Indira Isabel García Pérez, quien la preside, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar. Hasta el 31 de julio de 2026, este órgano había celebrado 27 sesiones, en las que definió las regiones judiciales administrativas, los lineamientos internos, el plan de trabajo y el calendario de evaluaciones.

 

El nuevo esquema también busca que los resultados de las evaluaciones se traduzcan en acciones de formación y actualización profesional. Para ello, la Comisión trabajó con la Escuela Nacional de Formación Judicial en la definición de indicadores académicos y aprobó el Primer Curso de Actualización de las Personas Juzgadoras de los Centros de Justicia Penal Federal.

 

Además, en coordinación con la Comisión de Vigilancia, diseñó una propuesta de capacitación enfocada en la organización y las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales.

 

Las personas juzgadoras que no estén de acuerdo con los resultados de su evaluación pueden presentar un recurso de inconformidad. Al 31 de julio de 2026, el Tribunal había recibido 70 recursos y establecido formatos estandarizados, mecanismos para distribuir su atención entre las magistraturas y constancias digitales certificadas.

 

Como parte de su despliegue territorial, el OEDJ también puso en marcha seis regiones judiciales: Ciudad de México I, Ciudad de México II, Norte, con sede en Chihuahua; Pacífico, en Colima; Centro-Bajío, en Hidalgo, y Sureste, en Oaxaca.

 

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PAN pide garantizar vacunas contra el sarampión en las 16 alcaldías de CDMX

Martín Aguilar

 

La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, exigió a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México garantizar el abasto de vacunas contra el sarampión en los centros de salud de las 16 alcaldías, así como ampliar las jornadas de inmunización en espacios públicos para evitar que niñas y niños queden sin protección ante la enfermedad.

 

Ante el brote de sarampión, la legisladora pidió a la titular de la dependencia, Nadine Gasman, informar cuántas dosis están disponibles, cuál es la cobertura de vacunación y cuántas personas, particularmente menores de edad, tienen pendiente completar su esquema.

 

Señaló que las campañas de vacunación anunciadas por el Gobierno capitalino no son suficientes si persisten dificultades para acceder a las dosis en los servicios públicos de salud.

 

“¿De qué sirve presumir millones de dosis si una madre llega a un centro de salud y no encuentra la vacuna que necesita? ¿De qué sirve hablar de prevención si no sabemos cuántos niños siguen sin completar su esquema de vacunación?”, cuestionó.

 

Álvarez Soto también planteó que las jornadas de inmunización se extiendan a estaciones del Metro, mercados, escuelas y otros espacios públicos, además de desplegar brigadas en colonias con mayor riesgo de transmisión.

 

Advirtió que la falta de acceso a las vacunas puede obligar a las familias a recurrir a servicios privados, lo que representa un gasto adicional para quienes no encuentran las dosis en instituciones públicas.

 

“La salud no puede convertirse en un privilegio para quienes tienen dinero. Ninguna madre debería tener que elegir entre pagar los gastos de su hogar o buscar una vacuna para proteger a sus hijos”, sostuvo.

 

Entre sus propuestas también incluyó la publicación periódica de información sobre dosis disponibles, cobertura de vacunación, casos confirmados y población pendiente de inmunizar, así como el establecimiento de metas verificables para elevar la protección contra el virus.

 

La presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso capitalino señaló que los menores que aún no tienen la edad para recibir la primera dosis conforme al esquema ordinario y las personas con sistemas inmunológicos vulnerables requieren especial atención.

 

“Cuando se trata de proteger la vida de nuestros niños, no hay espacio para la improvisación, la indiferencia ni las excusas. Cada día que se pierde en la prevención es una oportunidad que se le da al sarampión para seguir propagándose”, afirmó.

La legisladora insistió en que la Secretaría de Salud debe garantizar que las vacunas estén disponibles en los puntos cercanos a la población y no obligar a las familias a recorrer distintos centros médicos para conseguirlas.

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Woldenberg, Córdova y Valdés exigen elegir a nuevo titular del INE "por consenso"

Martín Aguilar

 

Este miércoles los cuatro ex consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), encabezaron una conferencia de prensa, en la que urgieron que se elija a uno nuevo titular del organismo electoral tras la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei por un escándalo de corrupción.

 

Se trata de José Woldenberg Karakowsky, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova Vianello, quienes llamaron a la Cámara de Diputados a construir acuerdos políticos y designar cuanto antes a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral.

 

A través de un posicionamiento conjunto, advirtieron que prolongar la gestión interina de Blanca Cruz García agravaría la crisis que enfrenta el organismo, tras destaparse una presunta red de corrupción y tráfico de influencias, encabezada por Taddei Zavala.

 

"Y el INE es recuperable, es reparable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes", dijeron los exconsejeros electorales en el documento leído por Woldenberg.

 

En el mismo tenor, los exconsejeros presidentes plantearon renovar el Consejo General del INE, a fin de recuperar la confianza ciudadana.

 

"Alargar la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) simplemente va a prolongar la agonía, la crisis y la degradación. Se requiere un cambio, un nuevo mecanismo y un nuevo liderazgo", advirtió Ugalde.

 

Por otro lado, Lorenzo Córdova confirmó que al interior del instituto operaba un oligopolio de proveedores, aunque acotó que esto no necesariamente genera corrupción. Y subrayó que correspondía evitarlo a las autoridades del Estado y no al Consejo General del INE. "Un mercado oligopólico no necesariamente genera corrupción", declaró el hoy militante del partido de reciente creación Somos".

 

"Una cosa es un mercado que históricamente ha tenido tendencias oligopólicas y que nunca fue atendido por las autoridades del Estado responsables de combatir este fenómeno y estas autoridades del Estado no son las autoridades electorales; y otra muy distinta es que haya presuntos actos de corrupción", agregó.

 

“No estamos planteando quitarle poder a Morena, o que la oposición colonice al INE; planteamos un acuerdo político para reconstruir la confianza”, sostuvo Lorenzo Córdova durante una conferencia encabezada por los cuatro expresidentes del instituto, en la cual respondieron a las denuncias que el gobierno y Morena vertieron en su contra en semanas recientes.

 

Blanco de las principales críticas del oficialismo, Lorenzo Córdova negó que su equipo de trabajo haya estado coludido con el “oligopolio” de grupos empresariales que controlan el mercado de los materiales electorales, incluyendo el de los hermanos Hernández Casillas, que se encuentra en el centro del caso de corrupción que involucró a la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, decenas de sus allegados y consejeros de institutos estatales.

 

“Nunca ha habido un escándalo de corrupción de esta magnitud”, insistió Córdova, quien reiteró, como lo hizo en días pasados, que “si se tiene que volver a auditar (su gestión), se vuelve a auditar”.

 

El ahora académico también se deslindó de Juan Carlos Cuervo Escalona, un exfuncionario del INE que laboró durante su gestión, y que fue representante legal de la empresa Corporativo Zeg, de los Hernández Casillas. “Siempre ocupó de cargos de responsabilidad medio”, aseveró, y agregó que nunca tuvo a su cargo el otorgamiento de contratos.

 

Según Córdova, dos decisiones “propiciaron” la corrupción en el INE: el nombramiento de Guadalupe Taddei por una “tómbola amañada” en 2023, y la reserva a la reforma judicial de octubre de 2024 a través de la cual Morena otorgó “superpoderes” a Taddei, incluyendo la facultad de nombrar de manera unilateral a los integrantes de la Junta General Ejecutiva, quienes son los encargados de las contrataciones.

 

En un posicionamiento firmado por una veintena de ex funcionarios electorales, que José Woldenberg leyó en el arranque de la conferencia, los extitulares del instituto insistieron en la necesidad de recuperar la “confianza” en el INE mediante el regreso a una lógica de consenso y de “responsabilidad política”, especialmente para nombrar a la nueva presidenta del organismo autónomo.

 

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Avanza sector de autotransporte de carga en temas de seguridad

Martín Aguilar

 

Cuatro organizaciones de transportistas, lideradas por Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), manifestaron este miércoles su interés por ser quienes lleven la voz principal en las actuales negociaciones con la autoridad para resolver temas que enfrentan cotidianamente: inseguridad en carreteras, extorsiones, cobro de piso, infraestructura deficiente o la reducción de estímulos fiscales.

 

En conferencia de prensa manifestaron su interés por crear un frente común con otras organizaciones del sector y juntos tener los resultados que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad de los conductores y mejorar la competitividad del país.

 

“Somos la voz de los transportistas, de los operadores. Cada uno de los que estamos acá hemos tenido mesas individuales con las autoridades para ver un mismo tema. Hay otro bloque (de organizaciones) que atiende temas afines y que también en lo individual lo han abordado. Hoy le facilitamos a la autoridad que solamente son dos bloques los que están viendo, no en lo individual. Están ellos invitados para hacerlo en conjunto, siempre y cuando el autotransporte sea quien lleve la voz de cada una de las propuestas. Estamos abiertos”, mencionó el presidente de Canacar, Augusto Ramos.

 

Hace cuatro semanas, la cámara junto con la Organización Integradora de Derechos Convencionales de los Transportistas (INDECO), la Federación Mexicoamericana de Organizaciones de Transportistas (FEMATRAC) y la H. Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (HAMOTAC) realizaron un paro de labores como protesta ante la solución de las demandas y días después, representantes del gobierno federal iniciaron mesas de trabajo con el sector privado, aunque por separado.

 

A la fecha, ellos (ahora con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo CONCANACO SERVyTUR) han instalado seis mesas en donde se han puesto sobre la mesa de conversaciones 29 puntos a resolver.

 

Horas antes de la conferencia referida, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) difundió un comunicado en donde destacaron avances en una agenda de trabajo en conjunto con la participación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicano (CONATRAM).

 

“Se mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Gobernación, CAPUFE, la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR, en las que se han establecido acuerdos y mecanismos de seguimiento para atender las necesidades de usuarios y operadores”, expresó el organismo empresarial.

 

En la reunión con medios, los representantes de las organizaciones destacaron que quienes están en las otras negociaciones son organizaciones de larga trayectoria que si bien forman parte del sector transporte cuentan intereses diversos, entre ellos: unos son los que tienen o generan la carga y otros quienes la movilizan.

 

“Ahora resulta que todos estábamos estáticos ante las diversas problemáticas. Nosotros hemos pedido fechas para soluciones y somos puntuales porque son temas de transportistas… Quisiera que todos seamos solidarios y no dividir porque hay un problema fuerte al que llegamos porque no nos escucharon a tiempo las autoridades”, comentó el representante de HAMOTAC, Carlos García. 

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