Martín Aguilar
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, informó este 7 de junio que su partido presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad, una acusación que Acción Nacional vincula con la estrategia de seguridad resumida en la frase “abrazos, no balazos” y con la crisis de violencia que, según el propio partido, vive México.
La pieza audiovisual del Partido Acción Nacional difundida sostiene que la decisión de acudir a la Corte Penal Internacional se apoya en cifras y señalamientos que el partido atribuye a la política de seguridad del sexenio pasado: 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones donde, según el PAN, los cárteles tendrían más control que las autoridades.
En el vídeo, políticos blanquiazules afirman que Acción Nacional presentó la denuncia “para que se investigue la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegará una de las peores crisis de violencia en toda su historia”, según el material del PAN. La misma grabación añadió que esa tragedia “no es producto de la casualidad” sino “consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder”.
De acuerdo con el PAN, López Obrador impulsó una estrategia resumida en tres palabras: “abrazos, no balazos”. El video agregó que el resultado de esa política “hoy está a la vista de todos” y la relaciona con homicidios, desapariciones, masacres, desplazamiento forzado y pérdida de control territorial frente al narco.
El partido también sostuvo que esa política “no solo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. El PAN añadió que cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia, y que ese poder “tarde o temprano” se infiltra en la política.
Como parte de sus señalamientos, el PAN afirmó que “cada vez aparecen más acusaciones e investigaciones que apuntan a vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales”.
En ese tramo del mensaje se mencionaron los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, todos integrantes de Morena.
El PAN afirmó que las denuncias del partido sostienen “algo muy grave”: que durante años hubo permisividad y omisión frente al crimen organizado. Aclaró que mientras los cárteles avanzaban, reclutaban jóvenes, desplazaban comunidades y sembraban terror, “las autoridades decidieron mirar hacia otro lado, así, deliberadamente”. También señaló que permitir que los grupos criminales se fortalezcan también genera responsabilidad.
