Martín Aguilar
Frente a la elección del año próximo, no solo es indispensable posponer la contienda del Poder Judicial, sino corregir asuntos esenciales como la evaluación de los aspirantes a juzgadores, advirtió Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Para continuar en la ruta de obtener una candidatura, la reforma constitucional de 2024 solo incluyó el requisito académico consistente en tener al menos 8.0 de promedio en licenciatura en Derecho y 9.0 para magistraturas de circuito.
Esa circunstancia metió en un dilema tanto al Instituto Nacional Electoral como al TEPJF, porque consejeros y magistrados no se ponían de acuerdo en las materias a considerar para cada especialidad, sobre todo porque los aspirantes proceden de universidades con planes de estudio diversos.
En entrevista comentó también que las recientes reformas estuvieron mal diseñadas, lo que a futuro podría meter en desgaste y “crisis” a las autoridades electorales.
“Lo mejor sería que después de una pésima reforma electoral, como fue en 2014, ya fuera momento para hacer una reforma electoral de avanzada que incluya a los expertos en materia electoral.
En cuanto al suceso inmediato, cuando faltan dos semanas para que concluya el plazo de posibles reformas que apliquen al proceso electoral 2026-2027, el magistrado reiteró que la reforma de 2024 estuvo mal hecha.
Prueba de ello es que los legisladores empataron la elección política con la judicial pese a que “ese camino es técnicamente imposible”, tanto que si no las separan el sistema irá “hacia una tormenta perfecta”.
En principio, es “total y radicalmente falso” que juntar las elecciones derive en ahorros, pues es imposible usar la misma estructura para elecciones jurídicamente distintas; no se pueden utilizar los mismos materiales y espacios, ni siquiera las mismas casillas, por la sencilla razón que una es con partidos políticos y otra es sin estos.
“No se puede. Punto. Tienen que ser espacios totalmente distintos”.
Segundo, la elección de 2025 fue la de mayor boletas en la historia de México (600 millones impresas).
“Talleres Gráficos de México nos dijo que ese volumen era prácticamente imposible con los mismos estándares de seguridad que en 2024, por lo que fueron reducidos algunos elementos de seguridad. Por tanto, si se juntan las dos elecciones estaríamos hablando de mil millones de boletas.
Los gastos van a ser descomunales. La pregunta que yo me hago es ¿no vale la pena llevarla a cabo en dos parcialidades?”.
También preguntó: ¿de verdad vamos a seguir manteniendo un esquema donde no existe un examen para los participantes?
Señaló que uno de los grandes defectos de la reforma de 2024 es que no se estableció un examen para los candidatos.
Propuso la integración de una comisión redactora integrada por magistrados de los órganos superiores del Poder Judicial, y que la prueba sea aplicada y evaluada por la escuela de formación judicial, es decir, pesos y contrapesos, la fórmula constitucional que siempre ha funcionado.
“Que este proceso se haga en 2027 y en 2028 se presenten los exámenes, para que se evidencie que los electos sean democráticamente, pero también que tengan conocimientos jurídicos básicos”.
Dijo que el esquema actual, basado solo en calificaciones, es absurdo . “Ocho de promedio no dice nada de nadie en la vida. Tengo casos de personas que conozco el la licenciatura obtuvieron 7.9 y luego se volvieron excelentes jueces. Y nadie sabe cuáles son las ‘materias afines’ para especialidad. Se tiene que repensar el sistema”.
