Martín Aguilar
Actualmente en los juzgados laborales tienen más de mil 600 asuntos por juzgado y 300 asuntos en el último trimestre de 2022, es decir, están rebasados para atenderlos, por ello son necesarios los recursos solicitados, argumentó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.
Ante legisladoras y legisladores capitalinos refirió sobre el avance de la justicia digital, la implementación de la firma electrónica, la oficina virtual de la Oficialía de Partes para salas y juzgados, la celebración de audiencias a distancias, juicios en línea, presentación de demandas con la firma electrónica.
Asimismo, resaltó que se requieren mil 647 millones de pesos para las acciones transitorias de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El magistrado presidente del TSJ CDMX detalló el tema de protección de las mujeres víctimas de violencia y subrayó que ninguna petición ha sido negada, cuidando los derechos de cada una de ellas, en materia familiar y principalmente penal.
En cuanto al presupuesto para la modernización de equipos informáticos precisó que se han solicitado mil 693 millones de pesos de los cuales 866.7 millones son para acciones permanentes y 827.2 millones para acciones transitorias.
Apuntó que para el 2024 se tiene estimado destinar 592.9 millones de pesos para coadyuvar con el funcionamiento con todas las salas y juzgados, que incluyen arrendamiento, mantenimiento y servicios.
Rafael Guerra Álvarez comentó que para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la inversión es de mil 647 millones de pesos, y es manejado como capítulo especial. Agregó que en promedio se requieren 250 días para la resolución de casos.
Asimismo, señaló que debido a la falta del presupuesto requerido se ha impedido fortalecer las reformas judiciales en materia de oralidad civil, mercantil y familiar, así como la implementación de los juzgados de tutela de derecho y de justicia laboral.
Solicitó al Congreso apoyar al Poder Judicial local, pues las personas que forman parte de esta institución requieren ayuda para cumplir con la impartición de justicia en condiciones ideales, con instalaciones dignas donde el servicio al ciudadano sea de calidad, "tenemos el compromiso de demostrar nuestra experiencia, conocimientos y sensibilidad para que tengamos, como ahora, una ciudad en paz y tranquila".
Por su parte, Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) pidió conocer si los más de mil 600 millones de pesos requeridos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya están contemplados en el presupuesto solicitado para el tribunal. Externó su interés por conocer el tiempo promedio que dura un juicio laboral, derivado de la afirmación del titular compareciente donde señaló que los 10 juzgados laborales existentes están rebasados en sus actividades.
La congresista Mónica Fernández César (PRI) pidió sensibilidad a los requerimientos del tribunal y preguntó a qué obedece su petición de incremento presupuestal; qué acciones dejarían de realizarse si no se asignan dichos recursos; qué proyectos y acciones se prevén realizar con mil 225 millones de pesos y dos mil 440 millones de pesos, en los capítulos 5000 y 6000, respectivamente.
Respecto a la espiral deficitaria durante varios años, cuáles han sido las repercusiones por no tener el presupuesto solicitado.
El legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) solicitó información general sobre las áreas de apoyo judicial y los recursos de 2024 que se destinarán para su operación, así como los recursos para el funcionamiento del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Instituto de Estudios Judiciales, enfocado a formar al personal del Poder Judicial.
En tanto, el congresista José Fernando Mercado Guaida (MORENA) pidió información sobre los recursos que se están presupuestando para 2024 para la implementación de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
