Martín Aguilar
Organizaciones no gubernamentales agrupadas en la coalición Movilidad Segura informaron que, a dos años de que entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, hay 11 entidades, entre ellas la Ciudad de México, que no han armonizado sus leyes con dicha legislación, la cual contiene una serie de instrumentos para evitar accidentes de tránsito, así como acciones que buscan mejorar la infraestructura vial y promueven el cuidado del medio ambiente.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, mencionó que, como organizaciones, están interesados en que el Congreso de la CDMX retome las iniciativas para evitar que cada año mueran más de 750 personas en la ciudad por siniestros viales, como ocurrió el año pasado.
"La armonización legislativa es la base para que todos los órdenes de gobierno asuman con responsabilidad la construcción de entornos seguros para la vida. Mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la ley federal, seguirá insistiendo un vacío que permite emisiones y deja en la indefensión a millones de personas", señaló en referencia a Baja California, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y la CDMX.
Areli Carreón, de Bicitekas, señaló que uno de los temas novedosos que necesita atenderse es el de la micromovilidad a través de vehículos eléctricos de diversos tipos. La activista señaló que antes de realizar un registro de muertes viales y lesiones por el uso de estos vehículos, las autoridades deben regularlos.
Opinó que la falta de una regulación clara expone a los motociclistas y a los usuarios de la vía que conviven con ellos. Por ello, es momento de establecer un marco normativo que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte.
"Esto requiere una regularización antes de que empecemos a registrar muertes viales y lesiones, y esa regulación debe de atender el hecho de que son una oportunidad para reducir emisiones, para lograr mayor equidad de movilidad en personas que no tienen la posibilidad de comprarse un vehículo motorizado y es importante regular tomando en cuenta que son usados para viajes de cuidado", expuso.
Valentina Ochoa, de Global Health Advocacy Incubator, explicó que los siniestros viales por el uso de motocicletas están convirtiéndose en una verdadera crisis de salud pública en el país, tanto en zonas urbanas como en rurales.
Detalló que la falta de regulación en esta materia provoca limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales.
Es urgente que se atienda a este problema desde la regulación y de forma integral, Valentina Ochoa.
Stephan Brodziak, integrante de la asociación El Poder del Consumidor, expuso que en muchas entidades circulan vehículos de transporte público sin cumplir con estándares mínimos de seguridad estipulados en la NOM-194, con frenos deficientes, cinturones inexistentes y unidades obsoletas que ponen en riesgo la vida de sus pasajeros y de otros usuarios de la vía.
"Garantizar la seguridad vehicular en el transporte público es una medida urgente de justicia social, particularmente para quienes dependen de él y no cuentan con alternativas seguras de movilidad, por tanto, hacemos un llamado urgente para actualizar el marco regulatorio en los términos que dicta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial", declaró.
