Más de 200 magistrados y jueces que declinaron su candidatura para la elección judicial, reclaman su liquidación conforme a la ley.
Para ello, solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal, salvaguardar sus derechos constitucionales, tras el masivo despido de juzgadores.
Mediante un pronunciamiento, mostraron su preocupación por la intención de funcionarios de la 4T de apoderarse de los fondos para su pago correspondiente.
El artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024, establece que las indemnizaciones deben liquidarse.
Dichos recursos deben pagarse de los fideicomisos del Poder Judicial que ilegalmente fueron transferidos por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación.
Ello sucedió sin el aval del Consejo de la Judicatura Federal, que fungía como fideicomitante violando los contratos respectivos.
Hay que recordar que los magistrados y jueces fueron nombrados por el sistema de carrera judicial, por lo que cuentan con una sólida experiencia.
Además, todos los juzgadores lograron tener cargos inamovibles, tras estrictas evaluaciones por seis años consecutivos sin notas desfavorables.
Expresaron que se vieron forzados a dejar sus cargos, con el argumento de que la elección popular no es un mecanismo adecuado para la designación de juzgadores.
La petición presentada al Consejo de la Judicatura Federal, incluye que se individualice la cuantificación de las indemnizaciones constitucionales.
Además, que se expidan las constancias de reconocimiento y se emita un listado de las personas juzgadoras que declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales extraordinarias 2025 y 2027.
La demanda de magistrados y jueces para exigir su liquidación radica en que tendrán prohibido ejercer la profesión jurídica por dos años.
El citado artículo transitorio establece que la reforma judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos y prestaciones laborales.
Asimismo, les corresponden tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales.
Pero alertaron sobre el riesgo de que dispongan de los fondos de fideicomisos, destinados a cubrir las indemnizaciones.
Dicha medida pone en entredicho el respeto a la Constitución, el Estado de derecho y los principios que inspiraron la reforma judicial.
El urgente llamado de magistrados y jueces, es a que se respeten sus derechos constitucionales.
Por lo visto, las represalias contra los juzgadores no cesan, y hoy el gobierno pretende negarles su indemnización.
El primer paso es transferir los recursos económicos para su pago a la Tesorería de la Federación.
¿Un desfalco millonario en puerta?
