Martín Aguilar
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aceleró las acciones contra el despojo y, a 12 días del reforzamiento de la estrategia, reportó 24 personas detenidas, 15 inmuebles asegurados y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por este delito.
La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, explicó que durante este periodo se recibieron 89 denuncias, de las cuales 14 corresponden a posibles casos de despojo, 46 permanecen en revisión y 29 fueron identificadas como asuntos que no necesariamente constituyen este delito.
Alcalde Luján señaló que de los 14 casos en los que existen elementos para considerar que podría configurarse un despojo, dos fueron cometidos con violencia y 12 sin violencia.
En estos expedientes, la Fiscalía reportó cinco personas detenidas, dos judicializaciones, ocho inmuebles asegurados, una medida de protección y tres acuerdos celebrados.
La funcionaria explicó que los casos con violencia requieren atención urgente, debido a que pueden implicar medidas de protección para las víctimas y una judicialización rápida.
Entre los casos se encuentra el de una persona que, tras ausentarse de su departamento por una urgencia médica, encontró que tres desconocidos habían ocupado el inmueble, cambiado las chapas y posteriormente la amenazaron con un arma de fuego.
En otro expediente, un adulto mayor denunció que su departamento fue ocupado sin autorización mediante amenazas con arma de fuego y que se le impedía ingresar.
La fiscal destacó que los tiempos de respuesta han permitido realizar aseguramientos incluso antes de los plazos establecidos.
Como ejemplo, mencionó un inmueble ubicado en avenida del Rosal, en Iztapalapa, cuya denuncia fue presentada el 7 de agosto y asegurado al día siguiente.
En otro caso, en José de la Cuesta, Tláhuac, la denuncia se recibió el 10 de agosto y el inmueble fue asegurado el 12 de agosto.
También citó un caso en Villa General Roca, Iztapalapa, donde la denuncia fue presentada el 12 de agosto y el aseguramiento se concretó tres días después.
La titular de la FGJCDMX explicó que no todas las denuncias relacionadas con inmuebles constituyen automáticamente el delito de despojo.
Por ello, existen 46 casos que requieren una revisión documental y jurídica para determinar quién tiene la propiedad o posesión legítima del inmueble y establecer si realmente se configura un delito.
Entre los casos mencionó conflictos entre vecinos por límites de terrenos, disputas entre hermanos por inmuebles de familiares fallecidos, problemas entre arrendadores y arrendatarios y conflictos entre familiares por la posesión de propiedades.
Alcalde Luján advirtió que la Fiscalía no puede ordenar un aseguramiento sin antes determinar quién tiene legítimamente la propiedad o posesión, pues hacerlo podría derivar en acciones arbitrarias.
La fiscal informó que otros 29 expedientes no necesariamente constituyen el delito de despojo, por lo que las personas serán orientadas y canalizadas hacia las instituciones correspondientes.
Explicó que, por ejemplo, cuando existe un incumplimiento en el pago de la renta, pero el inquilino continúa ocupando legalmente el inmueble, se trata de un conflicto que debe resolverse por la vía civil y no mediante una denuncia por despojo.
Lo mismo ocurre con disputas familiares por herencias o derechos sobre un inmueble cuando no se ha privado a una persona de la posesión.
Además de atender las denuncias recientes, la Fiscalía integró una mesa de trabajo para revisar expedientes anteriores y detectar casos en los que sea necesario actuar.
Como resultado de esta revisión, en los últimos 12 días se reportaron 24 personas detenidas, 15 inmuebles asegurados, ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas, una medida de protección, 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.
Alcalde Luján explicó que los mecanismos de mediación son utilizados principalmente en conflictos familiares en los que no existe claridad sobre la existencia de un despojo, con el objetivo de alcanzar soluciones rápidas sin recurrir necesariamente a un proceso penal.
La fiscal sostuvo que la estrategia busca actuar con rapidez cuando existen elementos claros de despojo, pero también evitar que conflictos civiles, familiares o contractuales sean tratados indebidamente como delitos.
