Alberto Moreno
Ciudad de México.– Autoridades laborales de la Ciudad de México y el Estado de México avanzan en la homologación de criterios de inspección laboral, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas trabajadoras y promover una mayor coordinación en la zona metropolitana.
Los trabajos se desarrollaron durante la segunda reunión técnica de la “Mesa Territorial del Corredor Metropolitano de la Ciudad de México: Por el Trabajo Digno, la Formalización y la Empleabilidad”, impulsada por el proyecto EU4 Decent Work de la Unión Europea.
La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González Nicolás, señaló que la coordinación entre ambas entidades debe traducirse en acciones concretas, respetando las atribuciones que establece la legislación para cada autoridad.
Entre las propuestas planteadas destaca la realización de inspecciones laborales conjuntas entre CDMX y Estado de México, efectuadas en el mismo horario y centro de trabajo, particularmente ante el elevado número de denuncias y las limitaciones de recursos humanos disponibles.
González Nicolás consideró necesario avanzar hacia una inspección más estratégica, preventiva y apoyada en tecnología, que permita concentrar los esfuerzos de las autoridades en aquellos sectores y centros laborales donde su intervención pueda generar un mayor impacto.
Por su parte, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, sostuvo que la inspección debe mantener una postura firme en la defensa de los derechos laborales, pero evolucionar hacia un modelo preventivo y cercano a los centros de trabajo.
Como parte de esta estrategia, el funcionario destacó herramientas como la autoverificación de las condiciones generales de trabajo, orientadas a fortalecer el cumplimiento voluntario y la prevención de irregularidades, sin sustituir las facultades de vigilancia de las autoridades laborales.
La coordinación entre ambas entidades busca establecer mecanismos más eficientes para la formalización del empleo, la prevención de incumplimientos y la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en la zona metropolitana.
