Martín Aguilar
A 13 días de que un juez le concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria a Carlota "N", el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México no ha cumplimentado dicha medida cautelar y ha retrasado, sin explicaciones claras, la colocación del brazalete para que la imputada pueda continuar su proceso penal al exterior de la cárcel y que su salud sea atendida de manera especializada.
Carlota "N" es adulta mayor que asesinó a balazos a los miembros de un sindicato de invasores de propiedades que ingresaron sin autorización al domicilio de su hija, el 1 de abril del 2024, en el municipio de Chalco, Estado de México.
Dado el amparo promovido por la defensa legal de la mujer, en el que se alegaba que las afectaciones a su salud a causa de la enfermedad de Diabetes tipo 2 que padece, era determinante para validar que Carlota "N" requiere de atención médica calificada, la cual no recibe dentro del penal.
Con todo, Carlota "N" es mayor a 70 años, lo que, en apoyo al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la prisión preventiva domiciliaria se aplica a personas mayores de 70 años o que padezcan enfermedades graves o terminales.
Por lo tanto, entre las medidas cautelares se fijó el uso de dispositivo electrónico (brazalete) con el que se compruebe su estancia dentro del hogar, no obstante, en entrevista con Crónica, Arturo Santana, hijo de Carlota "N", señaló que el Centro de Medidas Cautelares ha expresado que no ha emitido un oficio para situar el dispositivo, sin más detalles de su contenido o próximas fechas para su cumplimiento.
"El Centro de Medidas Cautelares ya realizó todas las diligencias correspondientes, hizo la visita de verificación y supervisión donde mi madre estará en prisión domiciliaria para revisar los temas de internet, que haya un teléfono móvil exclusivamente para mi madre para que esté monitoreada por el Centro, que haya un aparato telefónico fijo".
"Posteriormente también se hicieron las tres llamadas que mandata su procedimiento la semana pasada. Lo único que nos informaron es que está pendiente o en firma un oficio a la Dirección de Monitoreo del Centro de Medidas Cautelares, pero esto ya tiene varios días y no tenemos un resultado o noticias de cuándo van a ir a colocar el brazalete a mi madre", compartió Arturo Santana.
Para su salida del Reclusorio, el juez consideró que si bien un menor de edad estuvo involucrado en el crimen, al ser una víctima de intento de homicidio a manos de Carlota "N", no existe un dato de prueba que señale que la familia de la imputada haya molestado al menor o a su familia, por lo tanto, para garantizar la protección del adolescente, la adulta mayor no podrá acercarse a él, así como a su escuela o a su víctima.
Como medidas cautelares adicionales:
Carlota "N" debe de pagar la suma de 250 mil pesos en cualquier modalidad
No cometer otros delitos dentro del domicilio
No acercarse a las víctimas indirectas
No asistir a reuniones sociales
Visitas al domicilio no anunciadas del Centro Estatal de Medidas Cautelares
No abandonar el domicilio y presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerida
Para avalar su arraigo, también se le prohibió abandonar el país, para eso, se instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que avale que la mujer no cuenta con pasaporte vigente, documento que ya fue emitido.
"Hace aproximadamente cuatro días fueron a colocar varios brazaletes al penal de Chalco y el único que faltó fue el de mi madre. Eso nos inquieta y por eso estamos haciendo un llamado al Centro de Medidas Cautelares para que si es un asunto de omisión, agilicen el procedimiento".
"Es (Carlota "N") una adulta mayor de 74 años en un padecimiento serio en materia de Diabetes crónica tipo 2 y otra serie de padecimientos. Mi madre ha padecido tres desvanecimientos al interior del penal".
"La Ley se hizo para cumplirse, nosotros no estamos solicitando ningún privilegio, excepto que se cumpla el mandato de un juez de control que dictó la modificación de la medida cautelar de mi madre".
La familia teme que el brazalete no sea colocado antes de la audiencia intermedia, que se celebrará el siete de abril, donde se desahogarán los medios de prueba de las víctimas y de los imputados.
"Es una omisión grave que deriva en la violación de los Derechos Humanos fundamentales de un adulto mayor. Creo que es rudeza innecesaria, ya es un asunto de rudeza psicológica en contra de mi madre y de la familia; no veo por qué están retrasando tanto la colocación de un dispositivo de seguridad, cuando en la audiencia del pasado seis de noviembre ofrecimos una empresa privada para la colocación del brazalete de mi madre, previendo este tipo de situaciones burocráticas que se caracterizan en el Estado de México", reprochó Santana
