Martín Aguilar
El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para sancionar hasta con 4.5 años de prisión a personas tutoras que permitan que niñas, niños o adolescentes tengan acceso a armas de fuego y las ingresen a algún centro escolar.
La vicecoordinadora de la bancada, Rebeca Peralta, destacó que su propuesta surge ante el aumento de reportes de violencia escolar y el riesgo que representa la presencia de armas.
Con ello, se busca cerrar un vacío legal en la legislación, fortalecer la prevención de la violencia en los entornos escolares y establecer protocolos de actuación ante estos casos.
"Estamos convencidos que una escuela segura comienza en casa, los centros educativos deben ser espacios seguros. Cuando un menor accede a un arma casi siempre hay una negligencia previa de una persona adulta. Hay que revisar qué traen en la mochila, nosotros queremos que la vigilancia empiece en casa", dijo.
Peralta detalló que se busca la creación de un nuevo delito para sancionar a quienes tengan bajo su resguardo un arma de fuego y permitan, por descuido o negligencia, que una persona menor de edad tenga acceso a ella.
La sanción prevista sería de seis meses a tres años de prisión, además de multas y la obligación de participar en programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.
"Lo que buscamos es que exista responsabilidad adulta cuando un arma termina en manos de un menor. No podemos normalizar que esto ocurra", afirmó Peralta.
La propuesta contempla que, si como consecuencia de esa negligencia el menor introduce o porta el arma dentro de un plantel educativo, espacio público o lugar de acceso público, la pena pueda incrementarse hasta en una mitad, es decir, 4.5 años de prisión.
Además incluye medidas restaurativas pues cuando el hecho no derive en lesiones o pérdidas de la vida, el juez podrá sustituir la prisión por trabajo comunitario, programas de responsabilidad parental, además del aseguramiento del arma.
También plantea que, cuando una niña, niño o adolescente sea detectado portando un arma dentro de una escuela, las autoridades actúen bajo un enfoque de protección integral, evitando su criminalización y priorizando la atención psicológica, social y familiar.
"Un menor que llega a una escuela con un arma también es una señal de alerta sobre lo que ocurre en su entorno familiar o social. La respuesta del Estado debe ser preventiva y de protección", señaló Rebeca Peralta.
Además de la sanción penal, la iniciativa establece que las autoridades educativas deberán implementar un Protocolo de Seguridad Escolar ante la Portación de Armas, aplicable en planteles públicos y privados de la ciudad.
Dicho protocolo incluiría la activación inmediata de medidas de seguridad dentro de las escuelas, la notificación a autoridades de seguridad y educativas, el aviso a madres, padres o tutores y la intervención institucional para investigar el origen del arma.
"Debemos prevenir tragedias antes de que ocurran. Esta propuesta busca fortalecer la seguridad escolar, pero también promover una verdadera corresponsabilidad entre familias, autoridades educativas y autoridades de seguridad", concluyó.
