Martín Aguilar
Ante el incremento de reportes de robos a comercios cometidos por farderos, el Gobierno de la Ciudad de México informó que implementa una estrategia integral basada en tres ejes: atención a las causas, investigación y reacción, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las acciones se aplican según las características de cada caso con el objetivo de utilizar los mecanismos más adecuados para prevenir y atender este tipo de delitos.
De acuerdo con el funcionario, el primer eje contempla una coordinación directa con tiendas de autoservicio, principalmente con aquellas donde se ha detectado mayor incidencia de robo de mercancía. Esta comunicación busca facilitar avisos oportunos a las autoridades para permitir una respuesta más rápida por parte de los cuerpos de seguridad.
La segunda vertiente se enfoca en la investigación de los casos. La SSC ha identificado que parte del farderismo es cometido por grupos organizados dedicados a esta actividad ilícita, por lo que se mantienen abiertas diversas indagatorias para lograr detenciones dentro de los propios establecimientos comerciales y, en su caso, desmantelar redes que operan de manera sistemática.
Las autoridades señalaron que estas investigaciones buscan no sólo atender hechos en flagrancia, sino también identificar patrones de operación y posibles vínculos entre las personas involucradas en estos robos.
El tercer componente contempla una perspectiva social cuando se detecta que los robos se cometen por motivos económicos o de subsistencia. En estos casos se trabaja de manera coordinada con la fiscalía para canalizar a las personas involucradas hacia programas de apoyo y reinserción social.
Las alternativas contemplan el programa Reconecta con la Paz, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años que han cometido delitos de bajo impacto. A través de este mecanismo se busca que quienes enfrentan procesos legales puedan acceder a apoyos sociales mediante figuras jurídicas como la suspensión condicional del proceso.
De acuerdo con la SSC, el objetivo es evitar la reincidencia mediante la atención de los factores económicos o sociales que pudieron haber motivado la conducta delictiva, en coordinación con los establecimientos comerciales que presentan las denuncias.
