Martín Aguilar
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exhibió distintos documentos en los que se afirma que las obras son responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México
"El edificio en San Antonio Abad se derrumbó en medio de un proceso de demolición, y eso hay que decirlo claro y sin rodeos, esa demolición tenía permiso del Gobierno de la Ciudad, no de la alcaldía", comentó tras recordar que hubo tres víctimas y que su muerte no debe politizarse, sino respetarse.
De acuerdo con los documentos, dicho permiso también los obligaba a supervisar la obra, coordinar todo el proceso y garantizar la seguridad, del edificio y los alrededores, lo anterior bajo la coordinación de la Secretaría de Vivienda local.
"En palabras simples, ellos tenían la responsabilidad de que no pasara una tragedia; sin ese permiso hoy no estaríamos lamentando la muerte de estos tres hombres, así de claro", señaló.
En los documentos se constató que la alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado —tras denuncias vecinales— llevar a cabo visitas de verificación en 6 de 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de "acuerdo de facilidades", sin embargo, dichas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldesa expuso que el denominado "acuerdo de facilidades", derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017, permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.
Según los documentos presentados, en su actualización más reciente —publicada en 2025— dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
"Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad", expresó.
Ale Rojo de la Vega también mostró con documentos que cuando la empresa responsable solicitó a la alcaldía permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento.
Pero días después el Gobierno central autorizó la demolición bajo el esquema del acuerdo de facilidades, pese a los señalamientos realizados por la alcaldía.
La alcaldesa también explicó que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones.
En ese sentido, señaló que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informó que no tiene personal suficiente —al contar sólo con 6 trabajadores— para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el Invea.
Finalmente, la alcaldesa lamentó que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político por funcionarios del Gobierno local y diputados "repitiendo las mismas mentiras".
"Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. Papelito habla. La verdad está sobre la mesa", afirmó.
La alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró su disposición a colaborar institucionalmente y subrayó la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que hechos como este se repitan.
"En lugar de asumir responsabilidades, se esconden detrás de las mentiras. No nos dejan verificar por sus propios acuerdos y cuando ocurre una tragedia, deciden señalarnos y convertirlo en una guerra sucia".
La alcaldesa comentó que luego de la tragedia, personas trabajadoras del Gobierno local repartieron folletos en su contra con información sobre el derrumbe.
"No contentos con sus malditas mentiras y haber politizado una tragedia, vemos a funcionarios del partido en el poder repartiendo volantes de guerra sucia en mi contra. Eso no es política".
