Martín Aguilar
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que su administración no tuvo "un solo registro de una denuncia vecinal ni una solicitud formal" relacionada con los trabajos de demolición del inmueble que colapsó parcialmente en calzada San Antonio Abad, por lo que sostuvo que la demarcación no podía intervenir de manera directa.
Tras ese señalamiento, rechazó que la responsabilidad recaiga en su administración y detalló que previamente, el 26 de septiembre del 2025 la empresa DEMEC solicitó a la alcaldía el permiso de demolición pero éste fue negado el 30 de septiembre del mismo año al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.
En un video difundido en la red social X, afirmó que la autorización fue otorgada el 20 de octubre de 2025 por la Secretaría de Vivienda, con base en el acuerdo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, dependiente del gobierno capitalino.
Aseguró que la autorización quedó sujeta a plazos que, según su versión, no fueron cumplidos por la empresa, la cual contaba con 90 días naturales para iniciar los trabajos y una vez comenzados debía informar por escrito en un plazo no mayor a tres días. Sin embargo, reiteró que no se cumplieron ambas disposiciones, por lo que el Gobierno debió suspender la autorización.
Rojo de la Vega explicó que el 26 de septiembre de 2025 la empresa DEMEC solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc el permiso para realizar la demolición; sin embargo, este fue negado el 30 de septiembre del mismo año al considerar que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.
Posteriormente, afirmó que la autorización fue otorgada el 20 de octubre de 2025 por la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, con base en un acuerdo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, dependiente del gobierno capitalino.
La alcaldesa también señaló que dicha autorización estaba sujeta a plazos que, según su versión, no fueron cumplidos por la empresa, la cual contaba con 90 días naturales para iniciar los trabajos y debía informar por escrito en un plazo no mayor a tres días una vez comenzadas las labores. No obstante, reiteró que estas disposiciones no se cumplieron, por lo que el gobierno capitalino debió suspender la autorización.
Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó que conforme a la Ley Orgánica de las Alcaldías, corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc dar seguimiento a los procesos de demolición.
Asimismo, indicó que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México notificó el 20 de octubre de 2025 a la alcaldía que los propietarios del inmueble cumplían con los requisitos para la reconstrucción.
