Rebeca Marín
La diputada Ruth Salinas Reyes, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso mexiquense, presentó una iniciativa que busca garantizar una compensación económica a los usuarios domésticos que sufran cortes en el suministro de agua potable.
Durante la sesión legislativa, Salinas Reyes explicó que su propuesta pretende establecer la obligación del Estado y los organismos operadores de agua de compensar a los ciudadanos cuando el servicio se vea interrumpido por causas ajenas a ellos. Según la legisladora, el objetivo es reconocer que el agua es un derecho fundamental y que los usuarios no deben pagar por un servicio que no reciben.
La iniciativa plantea que dichas compensaciones se apliquen en los pagos posteriores al restablecimiento del servicio, con el fin de que los hogares afectados no carguen con los costos del desabasto.
La diputada destacó que, de acuerdo con datos oficiales, solo el 46% de la población mexiquense tiene acceso continuo al agua potable y saneamiento. Enfatizó que la falta de suministro se ha agudizado en los últimos meses en distintas regiones del Estado de México, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia hídrica.
Salinas Reyes recordó que el acceso al agua y al saneamiento está reconocido como un derecho constitucional, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo.
Durante su intervención, la legisladora también cuestionó las prioridades de algunas autoridades municipales. Mencionó el caso de Toluca, donde —según dijo— mientras muchas familias enfrentan escasez de agua, se anuncian inversiones privadas que utilizan grandes volúmenes del recurso, como la nueva planta de generación de CO₂ de Coca-Cola.
"¿Se cuenta con un plan para no dejar desprotegida a la ciudadanía en su derecho de acceso al agua frente al sector privado?", preguntó desde tribuna.
Finalmente, Ruth Salinas sostuvo que el Estado debe asumir la responsabilidad frente a los ciudadanos cuando no puede garantizar un servicio esencial. Subrayó que la propuesta no busca castigar a los organismos operadores, sino impulsar un esquema de justicia y corresponsabilidad con la población.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictamen.
