En sus manos han estado decisiones realmente importantes, como la sanción millonaria al PRI, el caso Amigos de Fox, nulidades de elecciones -como la gubernatura de Colima-, o bien la declaración de validez de la elección de 2006 de Felipe Calderón, entre otras.
Hace unos meses se eligieron dos magistraturas de la Sala Superior y la totalidad de las Regionales, incluido el actual presidente Gilberto Bátiz, lo que permite reflexionar sobre lo que viene para ese Tribunal y los retos que enfrenta, dado el deterioro institucional del que ha sido objeto.
En 2016, en que se renovó la totalidad de los integrantes de la Sala Superior, debía comenzar el escalonamiento de las magistraturas con periodos de 3, 6 y 9 años, respectivamente, pero, una vez nombrados por parte del Senado, el Congreso de la Unión decidió modificarles el mandato a 7, 8 y 9 años, sin mayor justificación. Esa decisión fue altamente criticada y le vició de origen, pues fue producto de un acuerdo político de diversas fuerzas, que, se dijo, ponía en duda de inicio su independencia e imparcialidad.
Al poco tiempo, el sisma vino desde dentro. Su presidencia, convertida en la manzana de la discordia, se terminó anticipadamente en tres ocasiones, 2019, 2021 y 2023, bajo acaloradas discusiones y disputas.
Además, a partir de la salida de dos magistrados en 2023, el Senado incumplió con su deber de realizar los nombramientos correspondientes, lo que provocó que casi dos años sesionara de manera incompleta, al grado de que el año pasado no podía reunirse el quórum necesario para calificar la elección de la presidente Sheinbaum, teniéndose que llamar a una magistrada de la Sala Regional Monterrey para lograr tal fin y dictar la resolución correspondiente.
Con la reforma judicial se eliminó la problemática en la designación de la presidencia, pues ahora es la ciudadanía quien, con la mayoría de los votos, determina a la persona que ocupa ese cargo. Sin embargo, se volvió a prorrogar el mandato de sus entonces cinco integrantes, con la finalidad de no realizar su renovación total y lograr el escalonamiento, lo que provocó que la magistrada Janine Otálora, en un acto de congruencia, se separara del cargo al cumplirse el plazo de su mandato original de nueve años, hace apenas unas semanas, con lo que nuevamente esa autoridad funcionará con una vacancia hasta que en 2027 se lleve a cabo su elección, junto con otras cuatro magistraturas.
Por otra parte, se está procesando una reforma electoral y al día de hoy se desconoce si la iniciativa tocará a la autoridad judicial electoral: un nuevo amago.
Como se ve, la cosa no está sencilla y estamos a menos de un año de que comience la preparación de la elección de 2027, nuevamente la más grande de la historia, en que se renovará la Cámara de Diputados y la mitad de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, además de autoridades en las 32 entidades federativas, incluidas 17 gubernaturas. El gran reto es que el Tribunal Electoral enfrente ese proceso electoral con fortaleza institucional y brinde certeza a actores políticos y ciudadanía en general. Confiemos en que el barco retome rumbo y no vengan vendavales que le impida cuidar de nuestra endeble democracia.
