Con 40 modificaciones a 15 artículos y la incorporación de un transitorio, el Senado aprobó por unanimidad la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se busca incrementar hasta 42 años la penalidad máxima aplicada a este delito que provoca un daño anual estimado de 124 mil millones de pesos a empresas y comercios.
Con ello se establece por regla general la imposibilidad de obtener beneficios como libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena en el delito de extorsión.
Por primera vez las penas para este delito serán homologadas en todo el país y convierte a la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.
La nueva legislación busca frenar modalidades como el cobro de derecho de piso por parte de células criminales, los llamados montachoques, así como los abusos cometidos por supuestos o auténticos policías que exigen pagos ilegales así como la extorsión telefónica desde cárceles, para lo cual se otorgó un plazo de seis meses para que los penales tomen medidas a fin de terminar con esta práctica.
El Senado remitió este miércoles a la Cámara de Diputados, con el fin de que la colegisladora se allane a los cambios y ratifique la legislación.
La ley aprobada por unanimidad de votos fortalece el marco jurídico para combatir la extorsión, estableciendo con claridad la definición del delito, las penas aplicables y las circunstancias agravantes, así como los delitos vinculados y las medidas de protección a víctimas y testigos.
En ese sentido este delito se perseguirá de oficio, y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) pero
Sin embargo, la ley establece aumentos en la pena según la gravedad de las circunstancias sobre todo si se utiliza violencia física, armas, o se pretenda impedir denuncias.
