En la denuncia ciudadana reside la mayor oportunidad de abatir la impunidad. Cada reporte por delitos ante la autoridad ministerial representa conocimiento respecto a la forma de operar de la delincuencia.
En esos patrones de conducta está la posibilidad 1) de anticiparse a la tentativa delictiva y 2) detonar estrategias de investigación para la resolución de los crímenes.
La denuncia, entendida como la acción de informar o acusar públicamente una injusticia o delito, es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. No solo visibiliza actos ilegales, también presiona a las autoridades para actuar en consecuencia. Cuando los ciudadanos se atreven a denunciar, envían un mensaje claro: la impunidad no será tolerada.
De acuerdo con los datos del INEGI, fortalecer la denuncia formal es todavía un pendiente. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en México, solo el 10.8 por ciento de los delitos cometidos en 2023 fueron denunciados ante el Ministerio Público o la Fiscalía.
Entre las razones más comunes está el tiempo destinado para acudir al Ministerio Público, aunque en algunos delitos ya es posible hacerlo de manera virtual, y la valoración respecto a la afectación.
En el caso de los delitos patrimoniales, por ejemplo, la víctima suele evaluar la denuncia en función del monto de lo robado. A mayor costo, mayores probabilidades de denunciar. Es necesario robustecer esquemas para romper el silencio de las víctimas.
Uno de los motivos de impulsar la cultura de la denuncia ciudadana, incluso a través de medios como las redes sociales o las líneas de emergencia —como las operadas desde el C5: 9-1-1, 089 para denuncia anónima, *765 por violencia contra la mujer o la Línea Antiextorsión 55 5036 3301— es visibilizar la conducta delictiva y contribuir al diseño de estrategias preventivas y de vigilancia.
En la medida que suben las denuncias incrementan también las capacidades institucionales para detonar el aparato de seguridad y justicia.
La lucha contra la impunidad representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de justicia. Y actualmente la Ciudad de México, con el impulso de la Jefa de Gobierno Clara Brugada y el trabajo coordinado entre instancias como la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezadas por Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, exhibe capacidad para combatirla.
La tecnología también juega un papel crucial. Aplicaciones como Mi Policía de la SSC o No+Extorsiones del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia son herramientas poderosas para ayudar a las víctimas.
Cuando la ciudadanía se involucra es posible construir sociedades más justas y transparentes. Es momento de romper el silencio y denunciar.
